Movimiento Feminista Nicaraguense

Dirigimos esta carta al presidente de la república, a  los diputados de la Asamblea Nacional y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque ellos tienen el control de todos los poderes del Estado Nicaragüense.Nicaragua sigue siendo un país con servicios de salud deficientes y  con un sistema de educación que reproduce las desigualdades entre mujeres y hombres.

Las mujeres nicaragüenses que viven en la pobreza, desde muy chavalas salen embarazadas por falta de informacion sobre métodos anticonceptivos seguros pero también porque los chavalos no son educados para usar condones. Otras salen embarazadas como consecuencia de la violencia sexual.

Las mujeres pobres que tienen embarazos de alto riesgo  y abortos espontáneos tienen dificultades para ser atendidas en los hospitales públicos. Algunas han muerto por falta de atención oportuna y de calidad.

Hace cuatro años que el presidente y los diputados se pusieron de acuerdo para penalizar el aborto terapéutico.

Cada año las organizaciones de mujeres, gremios médicos  y organismos de derechos humanos le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que ordene a la Asamblea Nacional la restitución del aborto terapéutico para evitar que más mujeres corran el riesgo innecesario de morir.

Los magistrados y conjueces sandinistas le dan prioridad a los intereses de las cúpulas partidarias. Los magistrados liberales callan. Ninguno hace nada por la vida de las mujeres pobres.

Hemos dicho públicamente que entre el 2007 y el 2008 el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité contra la Tortura, todas instancias de las Naciones Unidas,  le han pedido  al Estado de Nicaragua que restituya el aborto terapéutico como una necesidad y un derecho de las mujeres.

Las mujeres reclamamos un Estado que respete  los derechos reconocidos en la Constitución. Las mujeres tenemos derecho a la vida y derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. No somos propiedad del Estado, ni de los partidos, ni de las iglesias.


Managua, 28 de septiembre del 2010.